El estudio pone bajo la lupa “el verdadero despilfarro” en términos de recursos que implica la práctica de incorporar más personal del realmente necesario.
NOAnomics proyectó el aumento poblacional y lo contrastó con el aumento de empleados, para determinar el exceso, con el fin de rebatir el argumento de que los servicios del Estado se amplían al ritmo de una mayor cantidad de habitantes.
También tuvo en cuenta que pudo ser todavía inferior, dado que la incorporación de tecnología en la última década permite brindar el mismo servicio con menos agentes.
En el caso de Tierra del Fuego, la estimación del “excedente” fue del 55% y las consecuencias están a la vista, como parte de una realidad que atraviesa distintas jurisdicciones del país: “Si esas erogaciones se hubieran aplicado a incrementar el acervo productivo con obra pública e inversiones en infraestructura, o se hubiera ahorrado para disminuir la presión fiscal provincial presente y futura y/o eliminar impuestos distorsivos, el grado de competitividad de las provincias y su nivel de autonomía financiera y política se habría visto incrementado, apuntalando al sector privado como generador de empleo y asegurando una trayectoria de crecimiento más estable y menos pasible de ser afectada por cambios en las condiciones macroeconómicas locales e internacionales”, sostiene el informe de Félix Piacentini.
También habla de los “efectos negativos” de suplir la debilidad del sector privado como generador de empleo con la incorporación de personal a la planta estatal. “Es una política social que favorece a sólo un grupo de personas que en general cuentan con mayor afinidad política con los gobiernos de turno, en desmedro del resto de los ciudadanos que deben financiar el costo de esos nombramientos”, expone el informe.
“Si en lugar de beneficiar a cierto grupo cada Estado provincial hubiera mejorado la competitividad y el clima de negocios de su jurisdicción con políticas públicas que fortalecieran la capacidad de creación de puestos de trabajo y nuevas empresas por parte del sector privado, la senda de crecimiento de las mismas hubiera sido más inclusiva, justa y eficiente, evitando una tendencia insostenible en el mediano plazo por el creciente peso del empleo público en los presupuestos provinciales y aumentando la independencia financiera (y política) con respecto al gobierno nacional”, sentencia.
Como cifra global del despilfarro, el informe estima que en diez años el exceso de empleo público suma “$416 mil millones a valores de hoy”, equivalentes a unos U$S41.500 millones al tipo de cambio oficial. Y, puntualmente sobre el impacto en Tierra del Fuego, asegura que corresponde a “27 años de obra pública”: el reporte calcula que "el gasto excedente acumulado desde 2003 a 2013 equivale a la mitad de los Ingresos Totales de todas las jurisdicciones en 2013, con picos de 1,3 y 1,1 en Tierra del Fuego y Catamarca y casi llegando a la unidad (0,8) para Salta, Jujuy y Buenos Aires. También equivale a 6 años de obra pública para el total, con máximos de 43 años para Buenos Aires y 27 en el caso de Tierra del Fuego".
“Si las provincias hubieran ahorrado lo destinado a personal en exceso podrían haber eximido durante un promedio de 2 años del pago de impuestos provinciales y podrían haber prescindido de la coparticipación nacional durante más de 1 año. Además hubieran podido amortizar casi dos veces (1,7) su stock nominal de deuda consolidado (sin incluir los intereses)", apunta el informe.
NOAnomics proyectó el aumento poblacional y lo contrastó con el aumento de empleados, para determinar el exceso, con el fin de rebatir el argumento de que los servicios del Estado se amplían al ritmo de una mayor cantidad de habitantes.
También tuvo en cuenta que pudo ser todavía inferior, dado que la incorporación de tecnología en la última década permite brindar el mismo servicio con menos agentes.
En el caso de Tierra del Fuego, la estimación del “excedente” fue del 55% y las consecuencias están a la vista, como parte de una realidad que atraviesa distintas jurisdicciones del país: “Si esas erogaciones se hubieran aplicado a incrementar el acervo productivo con obra pública e inversiones en infraestructura, o se hubiera ahorrado para disminuir la presión fiscal provincial presente y futura y/o eliminar impuestos distorsivos, el grado de competitividad de las provincias y su nivel de autonomía financiera y política se habría visto incrementado, apuntalando al sector privado como generador de empleo y asegurando una trayectoria de crecimiento más estable y menos pasible de ser afectada por cambios en las condiciones macroeconómicas locales e internacionales”, sostiene el informe de Félix Piacentini.
También habla de los “efectos negativos” de suplir la debilidad del sector privado como generador de empleo con la incorporación de personal a la planta estatal. “Es una política social que favorece a sólo un grupo de personas que en general cuentan con mayor afinidad política con los gobiernos de turno, en desmedro del resto de los ciudadanos que deben financiar el costo de esos nombramientos”, expone el informe.
“Si en lugar de beneficiar a cierto grupo cada Estado provincial hubiera mejorado la competitividad y el clima de negocios de su jurisdicción con políticas públicas que fortalecieran la capacidad de creación de puestos de trabajo y nuevas empresas por parte del sector privado, la senda de crecimiento de las mismas hubiera sido más inclusiva, justa y eficiente, evitando una tendencia insostenible en el mediano plazo por el creciente peso del empleo público en los presupuestos provinciales y aumentando la independencia financiera (y política) con respecto al gobierno nacional”, sentencia.
Como cifra global del despilfarro, el informe estima que en diez años el exceso de empleo público suma “$416 mil millones a valores de hoy”, equivalentes a unos U$S41.500 millones al tipo de cambio oficial. Y, puntualmente sobre el impacto en Tierra del Fuego, asegura que corresponde a “27 años de obra pública”: el reporte calcula que "el gasto excedente acumulado desde 2003 a 2013 equivale a la mitad de los Ingresos Totales de todas las jurisdicciones en 2013, con picos de 1,3 y 1,1 en Tierra del Fuego y Catamarca y casi llegando a la unidad (0,8) para Salta, Jujuy y Buenos Aires. También equivale a 6 años de obra pública para el total, con máximos de 43 años para Buenos Aires y 27 en el caso de Tierra del Fuego".
“Si las provincias hubieran ahorrado lo destinado a personal en exceso podrían haber eximido durante un promedio de 2 años del pago de impuestos provinciales y podrían haber prescindido de la coparticipación nacional durante más de 1 año. Además hubieran podido amortizar casi dos veces (1,7) su stock nominal de deuda consolidado (sin incluir los intereses)", apunta el informe.
