En diálogo con Radio Universidad, el periodista y excombatiente Daniel Guzmán, informó sobre la concentración, que será a partir de las 10:00 en el Monumento a los Caídos en Malvinas de la ciudad de Río Grande, desde donde partirán hasta Cabo Espíritu Santo para el acto alusivo.
El proyecto que reimpulsó el fallecido senador José Martínez se convirtió en ley, aprobado por unanimidad en ambas cámaras, y promulgado por la Presidenta el 20 de noviembre de 2012. Guzmán recordó que tenía un plazo de 60 días para que la autoridad de aplicación, junto con la dirección de puertos y Vialidad Nacional, realizara los estudios de factibilidad.
“En estos dos años sabemos que hubo estudios pero no los conocemos, no se sabe qué quieren hacer y estamos en una situación extraña, porque está la ley, está la voluntad política de la Presidente y de todo el arco político representado en el Congreso, y sin embargo no avanza”, expuso.
Se prevé el sábado “un acto simbólico para pedir que se aplique la ley”, dijo, y dio a conocer propuestas elevadas desde la FEPOTRA, donde no sólo se afirma que es viable el proyecto técnicamente, sino también económicamente.
Asimismo, rechazó la información hasta ahora extraoficial sobre un “cruce largo” entre Punta Loyola, cerca de Río Gallegos y “un puerto inexistente en Río Grande”, como también que se pretenda dejar en manos privadas.
“Hicimos evaluaciones económicas y la propia dinámica de la economía de Tierra del Fuego alcanza para financiarlo. Seguimos militando por un cruce que es la voluntad política de seis generaciones de fueguinos. Lo vienen planteando pro-hombres de la talla del gobernador Ernesto Manuel Campos, y ese proyecto se fue transfiriendo por generaciones y estamos impulsando esto que ya es ley”.
“Tierra del Fuego en este momento le deja a la empresa chilena Transbordadora Broom entre 29 y 30 millones de dólares por año. Es dinero suficiente para pagar los créditos necesarios que permitan la conexión física sin necesidad de pasar por terceros países”, aseguró, dado que la propuesta de FEPOTRA plantea unos 300 millones de dólares para todo el proyecto que se podrían amortizar en diez años.
“La necesidad del cruce es histórica para la sociedad y difícilmente sería aceptable que fuera una empresa privada –subrayó-. No podemos dejar la necesidad histórica de los fueguinos en manos privadas”, dijo, y como contrapropuesta se sugiere una empresa estatal mixta que integre las provincias de Tierra del Fuego y Santa Cruz, con participación de Nación.
El recorrido del cruce demandaría una hora veinte, entre Cabo Vírgenes y Cabo Espíritu Santo, con una distancia apenas superior a los 30 kilómetros.
El proyecto que reimpulsó el fallecido senador José Martínez se convirtió en ley, aprobado por unanimidad en ambas cámaras, y promulgado por la Presidenta el 20 de noviembre de 2012. Guzmán recordó que tenía un plazo de 60 días para que la autoridad de aplicación, junto con la dirección de puertos y Vialidad Nacional, realizara los estudios de factibilidad.
“En estos dos años sabemos que hubo estudios pero no los conocemos, no se sabe qué quieren hacer y estamos en una situación extraña, porque está la ley, está la voluntad política de la Presidente y de todo el arco político representado en el Congreso, y sin embargo no avanza”, expuso.
Se prevé el sábado “un acto simbólico para pedir que se aplique la ley”, dijo, y dio a conocer propuestas elevadas desde la FEPOTRA, donde no sólo se afirma que es viable el proyecto técnicamente, sino también económicamente.
Asimismo, rechazó la información hasta ahora extraoficial sobre un “cruce largo” entre Punta Loyola, cerca de Río Gallegos y “un puerto inexistente en Río Grande”, como también que se pretenda dejar en manos privadas.
“Hicimos evaluaciones económicas y la propia dinámica de la economía de Tierra del Fuego alcanza para financiarlo. Seguimos militando por un cruce que es la voluntad política de seis generaciones de fueguinos. Lo vienen planteando pro-hombres de la talla del gobernador Ernesto Manuel Campos, y ese proyecto se fue transfiriendo por generaciones y estamos impulsando esto que ya es ley”.
“Tierra del Fuego en este momento le deja a la empresa chilena Transbordadora Broom entre 29 y 30 millones de dólares por año. Es dinero suficiente para pagar los créditos necesarios que permitan la conexión física sin necesidad de pasar por terceros países”, aseguró, dado que la propuesta de FEPOTRA plantea unos 300 millones de dólares para todo el proyecto que se podrían amortizar en diez años.
“La necesidad del cruce es histórica para la sociedad y difícilmente sería aceptable que fuera una empresa privada –subrayó-. No podemos dejar la necesidad histórica de los fueguinos en manos privadas”, dijo, y como contrapropuesta se sugiere una empresa estatal mixta que integre las provincias de Tierra del Fuego y Santa Cruz, con participación de Nación.
El recorrido del cruce demandaría una hora veinte, entre Cabo Vírgenes y Cabo Espíritu Santo, con una distancia apenas superior a los 30 kilómetros.
