Por Marina Hidalgo Robles
Alika es la primera víctima que querella contra sus explotadores, y también contra el Estado. En poco tiempo logró convertirse en una luchadora, para conseguir justicia por su historia, pero también para pelear por todas las mujeres que hoy no pueden alzar su voz. Como dijo muchas veces, esta lucha no es por ella sino por todas. Por eso sostuvo su demanda al Estado (aun cuando le ofrecieron arreglar por plata) para dejar bien en claro que las víctimas sí denuncian, y que el Estado es responsable de la explotación sexual de tantas mujeres.
Alika es la primera víctima que querella contra sus explotadores, y también contra el Estado. En poco tiempo logró convertirse en una luchadora, para conseguir justicia por su historia, pero también para pelear por todas las mujeres que hoy no pueden alzar su voz. Como dijo muchas veces, esta lucha no es por ella sino por todas. Por eso sostuvo su demanda al Estado (aun cuando le ofrecieron arreglar por plata) para dejar bien en claro que las víctimas sí denuncian, y que el Estado es responsable de la explotación sexual de tantas mujeres.
Ph: Micaela Cantero
La sentencia
El juicio
oral duró apenas 6 días, donde se plantearon infinidad de pruebas y
declaraciones que no dejaron lugar a duda sobre lo que ocurría en el
Sheik: mujeres eran tratadas y explotadas sexualmente, y los proxenetas
se llenaban los bolsillos por ese terrible negocio. Tampoco se dejó
lugar a la duda en relación a la responsabilidad del Estado en
garantizar que las redes funcionen, y en llevarse una parte de ese
negocio millonario.
El miércoles 30 se dio a conocer la sentencia: 7 años de cárcel para Pedro
Montoya y una multa de $70 mil, responsable del delito de trata con
fines de explotación sexual; 3 años y una multa de $30 mil para Ivana
García como partícipe secundaria; y 3 años para Lucy Campos Alberca
también como partícipe necesaria. También se responsabilizó al gobierno
municipal a quien se le imputó una ‘reparación económica’ de $780 mil
para Alika.
La
sentencia expresa un logro muy importante por haber condenado a los
proxenetas del Sheik, y también por haber dejado expresada la
responsabilidad estatal, a través de la reglamentación de la explotación
sexual. Este logro se da a pesar del avance del reglamentarismo a nivel
internacional, y en el marco de una justicia patriarcal que ya no nos
asombra con sus fallos en favor de proxenetas y violentos; es en este
contexto en el que hay que poder hacer un balance de este juicio
histórico.
Lo primero que hay que decir es que la
sentencia es lo que es gracias a la lucha de Alika y de las mujeres y
organizaciones que tomamos su bandera y la hicimos propia; esta
condena no hubiera ni existido si la justicia patriarcal no hubiese
tenido la presión de la lucha de Alika y del movimiento de mujeres, la
presión de un paro histórico el último 19 de octubre y de miles y miles
movilizadas y movilizados por la violencia contra las mujeres. El propio
proxeneta Montoya declaró que ésta es la tercera vez que lo imputan por
el delito de Trata de Personas; claro, lo decía para querer probar que
ya se lo había investigado y no se había podido probar ningún delito.
Pero lo que queda claro es que si antes no se consiguió ninguna
sentencia y en este caso sí, se explica por la lucha que se desarrolló a
partir de esta tercera denuncia.
El
prontuario de los fallos de la justicia patriarcal es también muy
esclarecedor en este sentido. En primer lugar hay que referirse al
emblemático caso de Marita Verón. La búsqueda de justicia por su
desaparición se la puso al hombro su madre Susana Trimarco. Fue ella
quien se dedicó años enteros de su vida a investigar el paradero de su
hija, siguiendo la pista de una red de explotación sexual que funcionaba
en todo el país. Así logró mostrar la responsabilidad de 12 proxenetas y
tratantes involucrados en esa red, llevándolos a un juicio
importantísimo en el año 2012. Aún con todas las pruebas aportadas, el
tribunal absolvió a todos los imputados, generando un escándalo nacional
¡que inundó las calles! Pero la justicia patriarcal siguió firme en su
curso: finalmente todos los secuestradores de Marita quedaron en
libertad.
En el año
2010 la justicia condenó a tan sólo 4 años de cárcel a Roberto Sander,
un proxeneta de Villaguay, Entre Ríos. Sander fue llevado a juicio por
el secuestro de una menor de 18 años en Formosa, a la que llevó al
prostíbulo “Las mil y una noches” en Villaguay, y a la que mantuvo en la
prostitución bajo amenaza de muerte. Todo esto fue probado en el
juicio. Y a Sander lo condenaron… a ¡solo 4 años!
Esta misma
justica patriarcal que ha condenado a Belén por un aborto espontáneo en
Tucumán, a Yamila por un parto que se adelantó, en Rosario, o a
Victoria Aguirre de Misiones, porque su ex pareja asesinó a su hija. No
queda lugar a dudas que la justicia es la encargada de garantizarle
impunidad a tratantes, proxenetas y violentos, mientras persigue a las
mujeres.
En este
sentido haber conseguida una pena para los tres imputados y que se
marque la responsabilidad del Estado en la explotación sexual de estas
mujeres, es realmente un logro de la lucha. Sin la lucha que enarboló Alika, difícilmente se hubiera conseguida una condena.
La prostitución es explotación sexual y el Estado es responsable
Pero no
solo se arrancó una condena contra los proxenetas. Se lo hizo en un caso
donde el delito de trata no estaba asociado al secuestro o al encierro
físico, y esto es algo muy importante. Desde las posiciones
reglamentaristas se ha logrado instalar que la idea de que la trata de
personas solo existe en la medida en que haya un secuestro, un encierro
forzado. De esta manera se construye la idea que existen dos formas de
prostitución; una forzada, ligada a la trata y otra que al no ser
forzada físicamente, sería de alguna manera voluntaria. Este argumento
se esgrimió en más de una oportunidad durante el juicio, queriendo
demostrar que las mujeres que estaban en el Sheik, al no estar
encerradas físicamente, se encontraban ahí por su propia voluntad.
En este
punto, que se haya conseguido una condena por el delito de Trata es un
avance muy importante, en tanto se refuerza la idea que venimos
sosteniendo que los mecanismos de sometimiento de las mujeres exceden la
violencia física (aunque siempre está presente) y son mucho más
difíciles de desandar. No existen condenas de este tipo, y mucho menos
en casos donde las mujeres no estaban “secuestradas” físicamente.
Todos
estos elementos son de suma importancia para poder entender la
profundidad de esta experiencia; la lucha de Alika y del movimiento de
mujeres y la condena del juicio. Pero hay algo que es realmente
novedoso: la sentencia incluyó la responsabilidad del Estado en la Trata
de Personas con fines de explotación sexual. Esta responsabilidad se
explica por la reglamentación del funcionamiento de los prostíbulos vía
las ordenanzas municipales que habilitaban los ‘Club nocturnos’ y que
exigían controles ginecológicos para las mujeres que eran explotadas en
esos lugares. Es decir, que había una normativa municipal que
garantizaba que el proxenetismo (y la consecuente trata) tuviera un
manto de legalidad para someter a las mujeres y así obtener enormes
ganancias.
Al Estado
municipal se le impuso pagarle a Alika $780 mil, en concepto de ‘Daños y
Perjuicios’, dando lugar a la demanda civil presentada por ella, por
haber permitido su explotación. Esto es algo realmente histórico. En
medio de una avanzada de la reglamentación estatal a nivel
internacional, y cuando los discursos que buscan legislar la explotación
sexual tienen cada vez más cabida en ámbitos institucionales y
académicos, financiados por los organismos del imperialismo, una
sentencia donde se condene este accionar del Estado, es realmente
progresivo.
Nos deja
un escalón más arriba para seguir peleando contra el reglamentarismo
que, como se demostró en este juicio, sólo beneficia al lucro de los
proxenetas. No solo logramos demostrar que la legalización de la
explotación trae aparejada más violencia contra las mujeres, también
logramos que se condene lo que hace tanto tiempo venimos denunciando.
Quedamos
en mejores condiciones para seguir luchando contra las legislaciones
locales que habilitan de distintas maneras la explotación sexual; en
club nocturnos, en zonas delimitadas (las llamadas zonas rojas), en
departamentos privados. Todas modalidades distintas para sostener la
misma forma de violencia contra las mujeres y trans.
¡Logramos arrancarle al Estado Proxeneta un fallo que va contra sus propios intereses!
Que la
justicia sea patriarcal significa que este fallo histórico es producto
de una enorme lucha de Alika y las mujeres que la acompañamos, de las
docentes de Ushuaia que son las que sostuvieron esta lucha allí y del
movimiento abolicionista en el Encuentro Nacional de Mujeres, llevando
la campaña a todas partes y manifestando el apoyo a Alika también en las
calles.
Y significa que también tenemos que seguir luchando para que la condena sea realmente efectiva e inmediata.
Después de haber demostrado de manera sobrada que los proxenetas
lucraban con la explotación de las mujeres que fueron encontradas en el
Sheik, esa misma justicia que condenó a Montoya a 7 años de cárcel ¡lo
deja en libertad hasta que la sentencia quede firme! Un tecnicismo que
sólo beneficia a los proxenetas, y que expone a cualquier tipo de
amedrentamiento por parte de sus explotadores a las mujeres que con
mucha valentía se animaron a enfrentarlos. Hoy Alika tiene que estar
custodiada permanentemente por el riesgo que corre al estar en la misma
ciudad que sus explotadores, ¡mientras ellos se pasean tranquilos por el
barrio!
Haber
ganado este juicio es un enorme triunfo sobre el que nos tenemos que
apoyar para seguir avanzando en conseguir cárcel efectiva para los
proxenetas y sus cómplices y por el desmantelamiento de las redes de
trata y explotación sexual!
¡Un abrazo enorme a esa luchadora extraordinaria que es Alika y ¡arriba la lucha contra la explotación sexual!
Fuente: Las Rojas
