Impulsan una secretaría judicial exclusiva en Tierra del Fuego para causas por Malvinas

La iniciativa es para el Juzgado Federal de Río Grande, que recibe todas las denuncias relacionadas con el archipiélago usurpado por el Reino Unido, desde casos derivados de la guerra de 1982, hasta la explotación de recursos hidrocarburíferos.La idea de crear un organismo judicial específico para las causas sobre Malvinas corresponde a la Federación Popular del Transporte (Fepotra). El diputado nacional Oscar Martínez (Movimiento Solidario Popular) fue quien tomó la iniciativa la presentó en el Congreso Nacional, aunque el proyecto recibió el aval de otros diputados, como el del fueguino Martín Pérez (Frente para la Victoria) y de organizaciones como el Centro de Veteranos de Guerra de Río Grande. La nueva secretaría judicial que propone el proyecto de ley se ocuparía "de manera exclusiva, tanto de las causas vinculadas con la guerra que se desarrolló desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982, como de todas aquellas relacionadas con la usurpación territorial, marítima y aeroespacial en torno al archipiélago malvinero, y a la militarización y al saqueo que desde allí se expande por el Atlántico Sur y el sector antártico nacional a través de la explotación hidrocarburífera, pesquera y turística, de Gran Bretaña y de sus socios", se asevera en los fundamentos. También mencionan que el Juzgado Federal de Río Grande investiga una serie de delitos complejos, como el contrabando, el narcotráfico y la trata de personas, que le impiden dotar de una mayor celeridad y profundidad a las investigaciones relacionadas con Malvinas. La creación de la secretaría permitiría "aprovechar mejor el recurso humano disponible, favorecer la defensa de los intereses nacionales y priorizar las causas que por su complejidad y trascendencia pública generan repercusiones tanto en el país como a nivel internacional", esgrimen los autores de la iniciativa. Los impulsores de la ley recordaron que en el juzgado riograndense, a cargo de la jueza federal Lilian Herráez, se tramitó la causa Nº12.052 de 2007, caratulada "Taranto Jorge Eduardo", en la que un grupo de ex combatientes denunciaron a ese ex subteniente del Ejército y a otros oficiales argentinos por presuntos vejámenes y torturas contra soldados durante la guerra. El expediente es el mismo que motivó al Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a un fallo de la Suprema Corte que ordenó el archivo de las actuaciones. La jueza Herráez también tiene en su poder la causa iniciada el 21 de abril de este año por funcionarios del Gobierno nacional contra las petroleras extranjeras acusadas de explotar recursos hidrocarburíferos en Malvinas sin autorización nacional.