El abogado del SUTEF Néstor Sánchez Otharán consideró que la Justicia debería explicar por qué suspendió tres juicios para priorizar el que llevará al banquillo de los acusados a los docentes procesados por la toma de Casa de Gobierno en 2013. Insistió en que "hay un fin político que es condenar a los sindicalistas".
"El Poder Judicial se está dejando utilizar por el poder político -criticó el abogado-. Este proceso judicial estaba programado para mediados del año que viene. Lo han puesto para el 4 de noviembre y ni siquiera han cumplido con los plazos previstos para fijar la fecha. Debe ser fijada con no menos de 10 días de anticipación y hay acusados que están siendo notificados ahora. También se debe fijar una vez que se encuentren vencidos los plazos de citación a juicio, que están vencidos, y que debe estar cumplida la instrucción suplementaria. Esto nos da la certeza de que, si para convocar a juicio se suspenden otros que tenían programados con acusados detenidos, si no dejan suspender el proceso ante el viaje de uno de los abogados por temas de salud, hay un fin político que es condenar a los sindicalistas. No se puede permitir que el gobierno de turno manipule la justicia para condenar y perseguir".
"La convocatoria a la audiencia de debate es nula, porque violenta o ataca el comparecimiento de defensores e imputados -cuestionó-. Eso va a ser planteado hoy pero ya fue interpuesto un recurso contra la fecha, porque no se encontraba cumplida la instrucción suplementaria. No descartamos hacer presentaciones ante el Superior Tribunal. Probablemente sea el juicio mas importante de la década y nos dan 10 días para preparar el juicio. El plazo debe ser razonable acorde al juicio".
"Exhorto al periodismo a que se comuniquen con el Poder judicial para que pregunten a qué se debe el cambio de fecha, por qué suspendieron otros tres juicios. Que den la cara a la sociedad. Por razones mucho menores que las que planteamos nosotros se han suspendido audiencias de debate. Incluso cuando el abogado defensor tiene programado un curso, se suspende. Se están llevando puestas las garantías constitucionales de mis defendidos, de los compañeros y si la justicia no aplica la ley, no hay ley", dijo.
"Ellos pueden cambiar la agenda, pero eso no puede ser por encima de las garantías de cualquier acusado. Por eso deben explicar a la sociedad lo que está pasando", agregó.
"No podemos perder de vista como ciudadanos que esta es una cuestión política. Acá se están llevando puestos la Constitución, las garantías y nadie da explicaciones", sostuvo.
El letrado también aclaró que "no hay ningún trabajador docente que esté acusado de ningún delito de daño a la propiedad. El 85% de los trabajadores imputados, están imputados por el delito de resistencia a la autoridad. La gobernadora debería ser mas consciente de sus manifestaciones, porque no hacen mas que provocar y distorsionar la realidad llevando a la confusión no solo a los periodistas sino a la sociedad toda".
FUENTE SUR 54
